La competencia global por los recursos y el cambio climático ha aumentado de forma extrema la vulnerabilidad mundial del sector primario, especialmente en las últimas décadas.

Desde 1991, Ruttand argumentaba que “la complejidad de las interrelaciones entre los cambios ambientales y la producción agrícola se convertirá en uno de los temas de política pública más significativos, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, en las primeras décadas del Siglo XXI. El cambio climático regional y global modificará tanto la capacidad de producción de la agricultura como su localización y la intensidad de la producción agrícola contribuirá al cambio ambiental en el nivel regional y el global”.

Por su parte, la FAO estima que el sector agropecuario ha de aumentar su productividad en un 60% en 2050 para asegurar la alimentación de la población mundial, y que de forma simultánea, deberá afrontar el reto de la disminución de los rendimientos de los alimentos básicos derivada de un clima cambiante e inestable.

En consecuencia, para reforzar la resiliencia del territorio resulta ineludible tomar acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, en aras a garantizar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y las desigualdades rurales, sin perder de vista la sostenibilidad ambiental y la reducción de las emisiones GEI propiciadas por las actividades vinculadas al espacio rural.

Remontándonos en el tiempo, debido a la hambruna surgida tras la Segunda Guerra Mundial y considerando las posteriores Revoluciones Verdes que acontecieron a partir de 1960, numerosos países adoptaron un sistema de productividad agrícola industrial con el propósito de acrecentar la producción de alimentos, primando el criterio mercantilista y la generación de divisas.

A ello se suma que en la actualidad la mayoría de los consumos son de origen químico e industrial, y su materialización se realiza con la ayuda de una importante innovación tecnológica, además, en gran parte de los casos no asumen criterios de sostenibilidad, constituyendo una de las actividades humanas que repercuten más negativamente en la biodiversidad de los ecosistemas, debido a que en las técnicas de gestión agroindustrial modernas prima un sistema monoespecífico, concibiendo a la especie cultivada como el único ser vivo que se desarrolla en el agrosistema, haciendo desaparecer el resto de los niveles tróficos; se pasa de un sistema biodiverso (ecosistema) a otro donde tan solo se permite el desarrollo de una sola especie, la cultivada.

Este modelo de gestión agroindustrial repercute negativamente sobre los recursos hídricos, sobreexplotando los acuíferos y contaminándolos con los excesos agrícolas, debido al empleo desmedido de fertilizantes y pesticidas que terminan lixiviando en los acuíferos, en masas de agua terrestres (incluidas las subterráneas), así como las oceánicas.

También es importante detenerse en cómo la gestión industrial del sector primario ha afectado negativamente al suelo, contaminándolo químicamente y despojándolo de la utilidad de la fauna que lo habita. Estas prácticas han supuesto una nutrición vegetal salina y directa, poco racional, en detrimento de la fertilización del agrosistema, hecho que ha provocado graves salinizaciones del terreno y que en algunos enclaves, ha alcanzado niveles alarmantes llegando al punto de no hacerlo agronómicamente viable.

Subrayar además la relevancia que tienen los cultivos tradicionales, la agrobiodiversidad asociada a ellos y su valioso patrimonio cultural y etnográfico, por su equilibrio en las prácticas sostenibles en el territorio, por lo que representan un papel fundamental a la hora de incrementar la resiliencia ante el cambio climático.

No obstante, en las últimas décadas los agrosistemas tradicionales se han ido desvaneciendo paulatinamente, al considerarse poco productivos y de baja rentabilidad, quedando relegados a espacios geográficos poco viables para la gestión industrial agropecuaria, con una producción destinada a mercados muy locales y/o ligados al autoabastecimiento.

En términos estadísticos, los datos del Instituto de Recursos Mundiales advierten que el IPCC afecta a la agricultura y la ganadería, en el total de las emisiones mundiales de GEI, generando un 11,8% en 2016 y teniendo una estrecha vinculación a los cambios de usos del suelo (6,5 %). Y es que a pesar de que en este sector las fuentes y las concentraciones directas de GEI son reducidas, el tipo de gas proveniente de las actividades agroganaderas es más reactivo a menor concentración en comparación a otros GEI de origen industrial, como por ejemplo, el dióxido de carbono.

Figura 23. Emisiones Mundiales de GEI en 2016 (por sectores, actividad y tipo de gas).                                                      Fuente: World Resources Institute, Climate Analysis Indicator Tool (CAIT). 

Además, partiendo del hecho de que los alimentos pasan por una cadena de producción (almacenamiento, elaboración, envasado y transporte) que generan GEI, resulta obligatorio destacar el óxido nitroso presente en fertilizantes nitrogenados orgánicos y minerales, además del metano que producen de forma natural las especies ganaderas (fermentación entérica), especialmente la bobina.

Figura 24. Emisiones de GEI por especies a nivel mundial. 2010. Fuente: FAO.

Añadiéndose la destrucción de la cubierta vegetal natural por el uso forestal, la adquisición de más tierras para el pastoreo y el incremento de nuevas superficies de cosecha, reduciendo el papel de los servicios ecosistémicos como sumideros naturales de carbono y consecuentemente contribuyendo al calentamiento global.

Asimismo, en el caso de los alimentos derivados del mar, según estimaciones mundiales de la FAO, la acuicultura generó 385 megatoneladas de dióxido de carbono en 2010 (incluidas las emisiones ligadas con la captura de peces para la elaboración de piensos), mientras que en 2012 los buques pesqueros (tanto marítimos como continentales) emitieron 172,3 megatoneladas.

Figura 25. Total de emisiones mundiales de la acuicultura (2010) y buques de pesca (2012). Fuente: FAO (Impactos del cambio climático en la pesca y la acuicultura).

(Impactos del cambio climático en la pesca y la acuicultura).

Por lo tanto, considerando la ocupación de suelo rural y el hecho de que la falta de conexiones y de servicios crea la necesidad de utilizar de forma recurrente vehículos motorizados que, por lo general, son altamente contaminantes, acarreando paralelamente una mayor pérdida de la distribución de la energía eléctrica, especialmente en el poblamiento disperso, se señala que para afianzar la seguridad alimentaria, el sector agropecuario (la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura) resulta determinante a la hora de afrontar el desafío que trae consigo el cambio climático, cuyas prácticas deben partir de los principios de gestión sostenible de los recursos naturales, sin perder de vista los agrosistemas tradicionales y su estrecha vinculación con el patrimonio cultural, pues estas prácticas pueden favorecer la explotación del potencial del sector a la hora de secuestrar el carbono.

Consecuentemente, los impactos que el cambio climático tendrá sobre el ecosistema rural y sobre su paisaje y el patrimonio cultural que atesora, se contemplan en esta Guía en el apartado TPB.2 Patrimonio y Paisaje y TPB.3 Ecosistema rural, donde han sido tratados en profundidad, tanto en lo que se refiere al análisis y diagnóstico como a las medidas y criterios a tener en cuenta a la hora de establecer el modelo de ordenación desde la óptica del medio físico y el desarrollo de la actividad agraria.

Lo anterior no excluye en ningún caso que el sistema rural se haya querido tratar, colateralmente, en este eje de integración, teniendo en cuenta el papel que juega esta parte del territorio y las actividades y relaciones que en él acontecen, para el logro del desafío planteado.

El modelo económico desarrollado desde mediados del pasado siglo en Canarias, en el que los sectores turístico e inmobiliario han jugado un papel relevante, ha llevado aparejado el abandono de la actividad agropecuaria y los suelos fértiles que, depreciados por la aparición del desarrollo turístico, se fueron fragmentando. Muchos de ellos fueron ocupados y transformados por otros usos (residencial, turístico, industrial, terciario), y gran parte del resto alberga un disperso edificatorio de viviendas de autoconstrucción que colonizan el territorio de forma desorganizada.

Figura 26 Evolución del disperso edificatorio en el norte de Tenerife La Victoria de Acentejo Ortofoto años 1964-1987- 2019 Fuente IDECAnarias

A ello se suma el abandono de la actividad agropecuaria y por ende del mundo rural, lo que ha generado un movimiento de migración de poblacional rural hacia las ciudades y los núcleos urbanos de mayor relevancia que se constituyen como los grandes contenedores de la población residente en Canarias, debido al mayor nivel de servicios y equipamientos que los entornos urbanos ofrecen a la población.

Y si bien no existe en el archipiélago un fenómeno de despoblación intenso como sucede en amplias zonas de la España peninsular, sin embargo, muchos de los antiguos asentamientos rurales y diseminados del interior de las islas han ido perdiendo población y, lo que fueron viviendas, se han convertido con el paso de los años en segundas residencias.

Es importante tener en cuenta además, las repercusiones que sobre el medio ambiente implica el abandono de los suelos agrícolas y, en particular, con respecto a los efectos del cambio climático:

• Por un lado, se produce un aumento de la dependencia respecto al exterior para garantizar los suministros alimentarios a la población y, con ello el incremento del transporte marítimo y terrestre asociado, derivando un mayor consumo de los recursos energéticos y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Por otro lado, una pérdida de la biodiversidad agraria y natural, un aumento del riesgo de desertificación si se dan procesos de erosión del suelo agrario sin actividad, lo que podría favorecer el aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios, debido al aumento de biomasa y matorralización, y la disminución de la superficie del territorio con capacidad de absorción de CO2, entre los más relevantes.

: Figura 27 Terrenos de cultivo en abandono. Temisas Gran Canaria. Fuente: Elaboración propia.

A esto hay que añadir que el abandono de la actividad agraria, aumenta las probabilidades de transformación de estos suelos, mediante la urbanización y construcción de edificaciones e infraestructuras, para otros usos no relacionados con las características y aptitudes que le son propias. Esto a su vez repercute en una problemática ambiental como consecuencia del cambio de uso del suelo y del sellado de los mismos ocasionado por esta acción.

A modo de ejemplo, en las imágenes siguientes del núcleo rural de Triquivijate se observa, en el periodo comprendido entre 1998 y 2019, cómo se han densificado estos núcleos y como esta transformación se ha modificado el destino agrícola que tenían, lo que se ha generado en la totalidad de los núcleos rurales tradicionales de Fuerteventura, transformando considerablemente el paisaje en el entorno rural de los llanos y vegas de barrancos.

Además de lo anterior, hay que tener en consideración que, tal como se expone en la memoria de las DOSA (apartado 5.2.1), “Según los datos extraídos del Mapa de cultivos de Canarias, el sistema agrícola en Canarias ocupa una superficie total de 125.140,7 Ha, lo que representa un 16,8% de la superficie del archipiélago, mientras que a nivel estatal la superficie agrícola alcanza el 50% de la totalidad del territorio español”.

Figura 30: Superficie sistema agrícola respecto de la superficie total de Canarias. Hectáreas. Fuente: Memoria de las DOSA. A partir del Mapa de cultivos de Canarias. (Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Asimismo este sistema agrícola de Canarias presenta un alto porcentaje de terrenos sin cultivo y, como evidencian los datos que se reflejan en las DOSA, éste se ve anualmente incrementado.

Figura 31: Distribución de la superficie del sistema agrícola cultivada y sin cultivo con respecto a la superficie total del sistema agrícola en Canarias. Hectáreas.
Fuente: Memoria de las DOSA. A partir del Mapa de cultivos de Canarias. (Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca).

Así pues, nos encontramos que Canarias posee un sistema agrícola inferior a la media nacional, cuyos beneficios para la sociedad y el medio ambiente son indiscutibles, motivo por el que se evidencia la importancia de la conservación de estos suelos y la necesidad de incentivar la puesta en cultivo de los mismos.

Así pues, nos encontramos que Canarias posee un sistema agrícola más reducido que la media nacional motivo por el que se evidencia la importancia de la conservación de estos suelos y la necesidad de incentivar la puesta en cultivo de los mismos.

Por otro lado, Canarias cuenta con amplios agrosistemas con valores culturales, etnográficos y/o paisajísticos (las gavias, jable, enarenados, etc.), que forman parte de nuestra identidad y cuyo abandono implicaría una pérdida irreversible de su forma de proceder, vivir, entender el espacio y a la comunidad.

Además, estos elementos de sabiduría popular deben ser consideradas como herramientas ancestrales de adaptación por ser sostenibles con el medio en el que se insertan, desarrollándose este concepto con mayor profusión en el apartado TPB. 2.1 Identidad del lugar.

En definitiva, la agricultura es un ámbito estratégico básico para la producción de alimentos, y al mismo tiempo un sector multifuncional que, gracias a sus activos, puede conseguir un desarrollo sostenible en el medio rural y una destacada contribución, tanto para mitigar como para paliar los efectos del cambio climático, gracias a los beneficios que producen los cultivos, en tanto que evitan la desertificación, son emisores de oxígeno a la atmósfera, ayudan a regular el clima y la hidrología y, sobre todo, por su capacidad para actuar como sumideros de carbono.

Por lo tanto, para la integración de la variable del cambio climático en el planeamiento urbanístico se hace necesario reflexionar sobre la importancia que la conservación y potenciación de los sistemas agrarios y la población rural tienen en el modelo territorial canario para disminuir la dependencia del sistema de abastecimiento alimenticio de la población basado en productos del exterior y mejorar las condiciones de autoabastecimiento, en tanto que esta forma de proceder, contribuiría a una reducción de las emisiones de CO2, debido a la disminución del transporte que esto llevaría aparejado.

A su vez, esta acción reforzaría la soberanía y la seguridad alimentaria del archipiélago ante un futuro escenario donde el rendimiento de la producción de alimentos a nivel planetario se verá drásticamente mermado por un clima cambiante e inestable.

¿Cuáles son las claves para dotar al [eco]sistema rural de los medios necesarios para su conservación y potenciación?

La Estrategia Territorial Europea tiene entre sus directrices fundamentales el desarrollo endógeno del medio rural, la diversidad y la eficacia del mismo, además del refuerzo de la colaboración entre los espacios urbanos y rurales.

En esa línea, el modelo de ordenación estructural se debe enfocar, por una parte, al mantenimiento y aproximación (conexión) del mundo rural al urbanizado, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes, evitando las consecuencias ambientales derivadas de la pérdida irreversible del suelo agrario y su contribución a la mitigación del cambio climático. Para ello a través del planeamiento urbanístico será necesario crear una ordenación estructural que asegure la preservación de los suelos con valores agrarios y forestales y que establezca conexiones entre el entorno rural y el urbano para garantizar la provisión de los servicios funcionales de la población, minimizando la necesidad de movilidad, lo que a su vez facilitará su conectividad con el sistema natural, para afianzar la provisión de los servicios ecosistémicos y sus cobeneficios, dotando al medio rural de mayor capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Especial relevancia tiene el hecho de que muchos de los espacios naturales protegidos de Canarias forman parte del sistema rural, por lo que su contribución como sumidero de carbono es muy importante y la conservación de los mismos está estrechamente vinculada al mantenimiento de la población y su forma de vida. 

Asimismo, se ha de destacar el potencial de los suelos agrícolas localizados en el litoral por su capacidad de convertirse en sumideros de carbono, teniendo mayor protagonismo en las islas occidentales del Archipiélago.

Figura 32 Cultivo de plátanos en Fuencaliente (La Palma). Fuente: www.eltime.es

Por otra parte, es necesario tener en cuenta a la hora de plantear la distribución de los usos en el territorio la protección del paisaje y del patrimonio cultural asociado, de tal manera que permita aprovechar el conocimiento popular a la hora de aumentar la resiliencia tradicional del territorio.

También apostar por el respeto y conservación de las zonas de barrancos, escorrentías además de las redes de desagüe naturales y la consideración de las zonas litorales inundables.Todos ellos suponen elementos que, bien por su situación de riesgo o necesidad de salvaguardar, junto a los espacios de conexión configuran la red de infraestructura verde y azul de las Islas.

Por último, se ha de atender a que los territorios intersticiales de la urbanización fragmentada, más que meros restos de un territorio urbanizado se convierten en un espacio de oportunidad, en el que proponer actividades adecuadas en función de las características intrínsecas de esos suelos, pudiendo utilizarse como corredores ecológicos, actividades agrícolas o de reforestación, para la implantación de energías renovables, etc.

En definitiva, apostar por la definición del modelo de ocupación adaptado al cambio climático, en el que no sólo importe el suelo que se destine al desarrollo urbano, sino también adquiera gran importancia el terreno destinado a las actividades económicas agropecuarias, forestales, etc., así como el suelo con valores ambientales a proteger por los servicios ecosistémicos que aporta.

Figura 33 Resumen metas línea de análisis [Eco]sistema rural. Fuente: Elaboración propia.

La protección y conservación del suelo que constituye el sistema agrícola de Canarias, ya sea cultivado o no, requiere evitar a toda costa que los suelos con alto valor agrario o forestal sufran el abandono que los lleve a procesos de transformación hacia terrenos urbanizados, ya que estos suelos son necesarios por su contribución a la sostenibilidad ambiental y agroalimentaria de la población, son generadores de múltiples servicios ecosistémicos, en tanto que evitan pérdidas de suelo por erosión, contribuyen a la gestión sostenible de los ecosistemas forestales, a la reducción de los incendios forestales, al fomento de la capacidad sumidero de los sistemas agrarios y forestales y al mantenimiento del paisaje agrario, entre otros.

Asimismo, el planeamiento urbanístico debería tener una especial consideración con los suelos agrícolas productivos y forestales periurbanos, por su capacidad para establecer una conectividad ecológica entre el entorno rural y el urbanizado.

Por ello es importante que a la hora de redactar el planeamiento urbanístico, se identifiquen estos suelos y se protejan con categorías de suelo acordes a las actividades agropecuarias o forestales que en ellos pueden desarrollarse. Igualmente, que se apueste por la continuidad de esa conectividad hacia el entorno natural prestando atención a los ecotonos, entendiendo éstos como los bordes en los que se produce la transición entre los sistemas que componen el territorio (Ver apartado TPB4.2 El cometido de los ecotonos: paisajes heterogéneos y ensamblados).

Es importante además que las determinaciones urbanísticas que se le asignen a las distintas categorías de suelo rústico permitan el correcto desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal y que ésta sea acorde, además, con las políticas sectoriales que permitan el mantenimiento de la actividad, su desarrollo y la integración paisajística todo ello considerando sus necesidades de adaptación a los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta también las necesidades de soporte en tierra que precise el desarrollo de la acuicultura. (Ver GDHE.3 Dimensión económica del cambio climático y GHDE.4.3 Línea 3: Oportunidades del Nuevo Modelo Climático).

En lo que respecta a los terrenos con valores ambientales, esto se podría hacer de manera compatible con la preservación de esos valores y el paisaje, siempre considerando la ponderación entre éste último y los servicios ecosistémicos que el desarrollo de la agricultura ofrece, en aras de evitar el abandono de la actividad y la pérdida de los suelos, aspecto este que sería también perjudicial para el paisaje y la resiliencia del territorio.

Asimismo conviene tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan sinergias entre las distintas actividades agropecuarias mediante la previsión de suelos para el establecimiento de infraestructuras e instalaciones que permitan la economía circular, mejorando la gestión de los residuos y minimizando la contaminación de los terrenos y la eficiencia energética (Ver MTU-Metabolismo Territorial y Urbano).

Figura 34 Paisaje Protegido de Ventejis  (El Hierro). Fuente: www.eldia.es

En la actualidad la forma de ocupar el territorio rural por parte de la población se caracteriza por la existencia de asentamientos rurales de menor entidad, normalmente situados en el interior de las islas y por un disperso edificatorio, más o menos concentrado y cuya edificación puede no tener una vinculación directa con la actividad agropecuaria.

Desde el punto de vista del cambio climático, se entiende que la forma de ocupar el territorio mediante el disperso edificatorio posee unas connotaciones negativas, en tanto que se emplea suelo cuyo destino, a priori, debería ser para la actividad agropecuaria, generando una pérdida irreversible de suelo agrícola y una parcelación excesiva del mismo.

Por otro lado, la dispersión edificatoria obliga a una mayor movilidad en el transporte privado para el abastecimiento y los servicios cotidianos que demanda su población residente, al no haber respondido su desarrollo a una planificación urbanística en la que se haya previsto la satisfacción de los mismos en el entorno inmediato. Esto implica una mayor necesidad de infraestructuras de transporte que, sumada al sellado del suelo por la edificación residencial, deriva en una trasformación más radical de los usos del suelo, con las consecuencias que ello supone, además del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a la movilidad.

Ante esta casuística, se considera necesario, desde el planteamiento de un modelo de ordenación enfocado hacia la neutralidad climática y la mayor resiliencia, repensar el sistema habitacional de los entornos rurales evitando formas de ocupación del territorio tan poco eficientes, tanto en el sentido de la generación de emisiones GEI, como en la incapacidad del mismo de proveer a la población de los servicios en igualdad de condiciones que en los núcleos urbanos, implicando que la satisfacción de sus necesidades acarree un mayor empleo de recursos, tanto por parte de la Administración como de las personas. Este hecho puede generar desigualdades y limitar las oportunidades de la población que no dispone de los mismos. (Ver GDHE.1 Incidencia del Cambio Climático sobre las Personas y GDHE 4.2 Vulnerabilidad social).

Figura 35 Betancuria  (Fuerteventura). Fuente: www.holaislascanarias.com

Así pues es necesario establecer, a través del modelo de ocupación, las estrategias de ocupación que minimicen el sellado de los suelos y la pérdida de estos para su actividad agropecuaria, propiciando que la población rural se concentre en los núcleos urbanos rurales, dotándoles de los servicios y equipamientos necesarios o más inmediatos que su consolidación.

Las estrategias de ocupación del suelo deberían estar directamente vinculadas al concepto de la movilidad, accesibilidad y minimización de la dispersión edificatoria para ello es aconsejable retomar la senda planteada por las Directrices de Ordenación General, que siendo pioneras en el planteamiento de un territorio canario sostenible, ya apostaban por el desarrollo policéntrico de un sistema de núcleos jerarquizados y dotados de los servicios necesarios para proveer a la población, contribuyendo a la disminución de las necesidades de desplazamiento y ofreciendo oportunidades de desarrollo social y económico (Ver apartado MOT 1.3 [Eco]sistema urbano).

Por lo tanto, se trata de apostar por un modelo de ordenación orientado a fomentar la densificación de estos núcleos, evitando la dispersión edificatoria en los entornos rurales y limitando el crecimiento en aquellos otros que por sus características no cuenten con servicios accesibles.

En este sentido parece lógico pensar que la capacidad de los núcleos rurales (ya sea en suelos urbanos o asentamientos rurales), debe ser acorde y dimensionada para absorber los crecimientos demográficos experimentados en los últimos años y los necesarios para dar respuesta a las necesidades generadas por la actividad agropecuaria que pueda llegar a implantarse y por otras actividades económicas que permitan el desarrollo de la población rural y el mantenimiento de su calidad de vida y servicios, considerando el grado de ruralidad determinado por el plan de desarrollo rural de Canarias para cada uno de los ámbitos (Ver GDHE.3 Dimensión económica del cambio climático).

La metodología de trabajo propuesta en esta Guía, consecuentemente, consiste en realizar un análisis de los núcleos rurales y su entorno, identificando aquellos que podrían ejercer la función de centros locales, por presentar o tener la capacidad de concentración de servicios para satisfacer las necesidades de su entorno rural inmediato, así como de aquellos que pudiesen ejercer la función de centros locales, destinados a un ámbito limitado a nivel municipal o de pequeña comarca aislada, en relación a su dimensión, posición en el territorio, condiciones del entorno, de movilidad, disponibilidad de transporte público, etc.

Al igual que ocurre para los entornos urbanos y ciudades, se entiende que la distancia a pie o bicicleta que puede recorrer una persona para acceder a los servicios y equipamientos debe estar en torno a los 15 minutos a pie.

Bajo esta premisa, y como primera opción, los crecimientos de la población deberían ubicarse en los suelos urbanos de los núcleos rurales, estableciendo, por tanto, las determinaciones necesarias para que las tipologías edificatorias a implantar posibilitaran la absorción del crecimiento poblacional estimado, pero sin tener que sacrificar las características tipológicas y paisajísticas de estos núcleos.

Es preciso, por tanto, que se calcule en la fase de información, la capacidad de acogida total que tienen los núcleos urbanos rurales, en relación con la necesidad habitacional de los mismos.

Para realizar este diagnóstico, es importante tener en consideración las necesidades de crecimiento residencial derivadas del incremento poblacional endógeno y la población que demanda la propia actividad agropecuaria para su explotación y mantenimiento; de manera que su dimensionamiento no sea menor que el necesario, teniendo en cuenta para su ubicación los perjuicios asociados al transporte en lo que al cambio climático se refiere.

De resultar ésta insuficiente, se debería valorar la posibilidad de establecer nuevos suelos urbanizables, pero sólo alrededor de los núcleos que posean un rol de importancia dentro del modelo de ordenación.

Respecto al disperso edificatorio que constituyen los asentamientos rurales y agrícolas, las pautas de ocupación deben ir enfocadas a la contención de estos procesos. No obstante, es necesario hacer un análisis de los mismos con la finalidad de dotar de calidad de vida a sus habitantes, considerando la estructura espacial y su posicionamiento en el territorio, atendiendo al funcionamiento relacional de los mismos, con objeto de establecer la organización y las conectividades por proximidad física o relacional que permitan, al menos, la dotación de los servicios cotidianos mínimos necesarios, en el caso de aislamiento o lejanía de los núcleos de mayor jerarquía.

El conocimiento del funcionamiento relacional y espacial de los mismos, permitirá la configuración de agrupaciones de asentamientos que admitan compartir servicios y equipamientos, de manera que su población esté atendida en igualdad de condiciones.

Además se deberán contemplar las necesidades metabólicas de provisión de energía, agua y gestión de los residuos y la previsión de los suelos o espacios destinados para ello, procurando, siempre que la integración en el paisaje lo permita, la autosuficiencia conectada de los mismos (Ver MTU-Metabolismo Territorial y Urbano).

Una vez definidas y contempladas las necesidades de suelo que la dotación de servicios e infraestructuras necesite, se procurará la contención del crecimiento de los mismos mediante su delimitación conforme al contorno construido, evitando la segregación de las fincas o parcelario para su posterior edificación y consecuente sellado del suelo, y garantizando, a su vez, que el espacio intersticial no ocupado por la edificación, se destine a las actividades agrícolas que le son propias u otras vinculadas al desarrollo rural.

No obstante, sólo sería factible que la nueva ocupación por la edificación, se realizara en los entornos más próximos a los servicios y equipamientos que posean o se prevean en estos núcleos rurales, de manera que se minimice el transporte motorizado.

Asimismo, contemplar el fortalecimiento de la red de transporte público, basada en modalidades sostenibles, ya que es una herramienta imprescindible para reforzar la conectividad entre las áreas rurales y los núcleos urbanos, por lo que será otros de los elementos a considerar en el nuevo modelo. (Ver apartado MA.1 EJE 1: Transporte: sostenible, público y eficiente).

Figura 36 Nueva Agenda Urbqana Ilustrada. Fuente: ONU Habitat 

• Identificar los ecosistemas del ámbito municipal, incluyendo aquellos que no se encuentran amparados por alguna figura de protecciónmedioambiental
• Identificación de los suelos con alto valor agrario o forestal
• Identificación de los suelos periurbanos con valor agrario o forestal
• Identificación de la I-VA en el sistema rural
  Identificación de servicios ecosistémicos: adaptación bioclimática,adaptación frente a inundaciones, sumideros de carbono, adaptaciónbasada en
• ecosistemas
• Características geomorfológicas del territorio
• Usos agrícolas del suelo
• Infraestructuras agrarias: identificación de las vías pecuarias y explotaciones ganaderas
• Mapa de riesgos naturales y antrópicos
• Planeamiento vigente
• Recursos hídricos disponibles
• Necesidades normativas y paramétricas para el desarrollo de lasactividades agropecuarias, forestales y de acuicultura

• Identificación y caracterización de los núcleos de población en el sistema
  rural
• Población rural: actual y proyección
• Dotaciones y equipamientos
• Movilidad y accesibilidad
• Infraestructuras de transporte, transporte público, nivel de servicio y cobertura territorial
• Mapa de riesgos naturales y antrópicos
• Demanda energética
• Gestión recursos hídricos: Demanda hídrica
• Gestión residuos

Para obtener esta visión crítica sobre el estado actual del modelo resulta necesario que la información urbanística del instrumento de planeamiento deba analizar una serie de aspectos mínimos para realizar un correcto diagnóstico y enfocar las medidas y propuestas de cara a la ordenación.

• Identificación de los agrosistemas sostenibles con potencialidad de conexión como infraestructura verde-azul
• Áreas vulnerables y grado de vulnerabilidad de los agrosistemas frente a los riesgos derivados del cambio climático y frente a la presión de otras
  actividades
• Suelos con altos valores agrarios o forestales que preservar
• Suelos con potencial para renaturalización (cruzar con plano de usos de suelo)
• Suelos con menor valor agrícola susceptibles de ser transformados
• Potencial de la actividad agroganadera
• Suelos susceptibles de recategorización por los servicios ecosistémicos que presentan o potenciales
• Suelos susceptibles de cambio de uso por los servicios ecosistémicos que presentan
• Conectividad ecológica
• Diagnóstico de cambios normativos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades agrarias, forestales, acuicultura

•  Necesidades habitacionales actuales y proyección
• Vulnerabilidades de los núcleos frente a los riesgos derivados del cambio
  climático
•  Vulnerabilidades de la población frente a los riesgos derivados del cambio
  climático
• Grado de ruralidad
• Clasificación de núcleos rurales en función de los servicios que presentan
• Localización de ámbitos susceptibles de albergar servicios para dotar a los
  asentamientos rurales
•  Localización de ámbitos o espacios susceptibles de albergar
  infraestructuras de generación de energía. Capacidad de
  autoabastecimiento del núcleo o núcleos.
•  Localización de ámbitos o espacios susceptibles de albergar
  infraestructuras de generación de energía. Capacidad de
  autoabastecimiento del núcleo o núcleos.
•  Localización de ámbitos o espacios susceptibles de albergar
  infraestructuras e instalaciones de economía circular, gestión de los
  residuos
•  Áreas con deficiencia de movilidad, accesibilidad y conectividad
•  Áreas con necesidades de cobertura de transporte público
•  Áreas con necesidad de dotación de servicios cotidianos: distancias a
  servicios más cercanos (poner en relación con cobertura de transporte
  público)
• Capacidad de agrupación espacial de los asentamientos rurales y agrícolas
  para la dotación de servicios cotidianos
•  Capacidad de agrupación funcional de los asentamientos rurales y
  agrícolas para la dotación de servicios cotidianos

En el diagnóstico es importante, por su parte, no sólo detectar las debilidades, sino también las potencialidades y oportunidades que ofrece el territorio que permitan dar al modelo de ordenación el cambio de rumbo necesario para eliminar o reforzar las primeras a través de las medidas necesarias.

A razón de lo anterior, los indicadores se agrupan en dos bloques, indicadores de evaluación/diagnóstico, que ayudan a establecer el grado de sostenibilidad y lucha del cambo climático de la situación actual del territorio para establecer prioridades de actuación, y los indicadores de seguimiento, que se aplicarán tras establecer las alternativas de ordenación y la ordenación final para analizar si el proceso de ordenación y las ejecución en el tiempo de las intervenciones establecidas contribuyen a la consecución de las metas de la manera esperada.

En caso contrario, aplicando esta Metodología de trabajo se dispondría de los datos necesarios para justificar la modificación y reorientación del modelo de ordenación frente al cambio climático de una forma más eficiente.

Los indicadores de evaluación, completan el diagnóstico precisamente porque nos ayudarán a evaluar la situación actual y se acerca o no cumple a los umbrales mínimos de sostenibilidad, requiriendo en su caso una atención prioritaria.

Estos indicadores se presentarán en forma de ficha en el anexo correspondiente a la presente Guía.

Tabla 3 Indicadores de la línea de análisis [Eco]Sistema rural Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes.

El resultado del diagnóstico realizado nos dará las pautas a seguir para determinar las zonas prioritarias de actuación y los mecanismos necesarios para conseguir que la infraestructura verde llegue a ser un elemento integrante del territorio municipal, dotándolo de la protección estructural natural que requiere para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Para ello, en función de los resultados obtenidos, se plantean una serie de medidas y recomendaciones orientativas, siempre considerando que será quienes planifiquen dentro de los límites del margen de discrecionalildad y con la capacidad que le otorgará el conocimiento profundo a nivel local del ámbito de ordenación y su contexto, quienes puedan redefinir y diseñar de manera más precisa las medidas adecuadas.

Se sugiere que las medidas y recomendaciones expuestas a continuación se complementen con las relacionadas en el Eje TPB.3 [Eco] Sistema Rural.

•  (A) Elaborar un estudio de las características climáticas del municipio y definición de los principales vientos y del soleamiento, así como la situación de los agrosistemas principales, con objeto de hacer una clasificación y categorización de suelos que viabilicen el establecimiento de las determinaciones adecuadas acordes a estas características climáticas, de manera que se propongan modelos eficientes y sostenibles apoyados por las infraestructuras necesarias para ello.
• (M/A) Los instrumentos de planeamiento deberán proteger y conservar los suelos que constituyen el sistema agrícola de su territorio, compuesto tanto por el que está en cultivo como por el que está sin cultivar, y que son conformadores del sistema rural; evitando su transformación hacia suelos urbanizados y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y agroalimentaria de la población, en tanto que evitan pérdidas de suelo por erosión, contribuyen en la gestión sostenible de los ecosistemas forestales, a la reducción de los incendios forestales, al fomento de la capacidad sumidero de los sistemas agrarios y forestales y mantenimiento del paisaje agrario entre otros.
• (A) El planeamiento deberá identificar estos suelos y proponer las categorías de suelo rústico que sean acordes a los valores de los mismos y a las actividades agropecuarias que en ellos se desarrollan, considerando sus vulnerabilidades frente al Cambio Climático.
• (M) Los instrumentos de planeamiento establecerán los criterios para la detección y delimitación de las áreas de suelo agrario periurbano, las zonas calificadas como paisajes agrarios y las zonas de huerta y vega situadas en los límites urbanos, que deberán ser objeto de protección y a las cuales se les establecerán determinaciones enfocadas a la limitación de su transformación como suelos artificiales. Esta medida es con objeto de blindar en la planificación los mejores suelos agrícolas de la isla para su priorización y salvaguarda.
• (M/A) La ordenación estructural se desarrollará considerando la necesidad de crear la conectividad ecológica entre el [eco]sistema rural y el [eco]sistema natural a través de la I-VA, extendiéndose hasta el [ecosistema urbano], para mantener y proteger la biodiversidad y favorecer la restauración ecológica.
• (M/A) Potenciar la renaturalización de las zonas de transición entre ecosistemas y zonas más antropizadas del sistema rural.
• (M/A) Asegurar los servicios ecosistémicos necesarios para dotar a los entornos rurales y agrosistemas de una mayor resiliencia fundamentada en la adaptación por medio de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN); y por su contribución a la absorción de CO2.,lo que revierte en un mayor bienestar y salud de la ciudadanía.
• (M/A) Las determinaciones urbanísticas que se le asignen a las distintas categorías de suelo rústico permitirán el correcto desarrollo de la actividad agropecuaria, favoreciendo el ajuste de las mismas a las políticas sectoriales que permitan el mantenimiento de la actividad y su desarrollo, y teniendo en consideración las necesidades de adaptación de la misma a los efectos del Cambio Climático. En el caso de los suelos con valores ambientales, esto se hará de manera compatible con la preservación de esos valores y el paisaje, siempre considerando la ponderación entre éste último y los servicios ecosistémicos que el desarrollo de la agricultura aporta, en aras de evitar el abandono de la actividad y la pérdida de los suelos, lo que sería también perjudicial para el paisaje y la resiliencia del territorio.
• (M) Fomentar la agricultura y ganadería de proximidad mediante la calificación del suelo susceptible de aprovechamiento para usos agropecuarios, por su simbiosis con el uso residencial y como medida de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero que conlleva el transporte de los alimentos.
• (M/A) Potenciación de la multifuncionalidad del espacio rural, buscando opciones sostenibles para la diversificación de la actividad agraria, de manera que se coadyuve al mantenimiento y fortalecimiento de las mismas a través de los cobeneficios que pueden ofrecer la diversificación de las actividades económicas para fortalecer el sistema rural.
• (M/A) El planeamiento establecerá estrategias en su modelo de ordenación que promuevan el mantenimiento de la población rural y atender a las necesidades de crecimiento derivadas de su proyección demográfica y las precisas para el correcto desarrollo de la actividad agraria y por otras actividades económicas que permitan el desarrollo de la población rural, teniendo como objetivo la puesta en producción la totalidad del sistema agrícola de su territorio y el mantenimiento de la calidad de vida y servicios de la población rural.
• (M) El planeamiento buscará definir un sistema territorial equilibrado y eficientemente articulado que favorezca las nuevas centralidades que aumenten la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios con el objetivo de disminuir la movilidad y acercar el mundo rural al urbano
• (M/A)Para ello, conectar el sistema rural a través del desarrollo policéntrico de un sistema de núcleos jerarquizados y dotados de los servicios necesarios para proveer a la población rural, contribuyendo a la disminución de las necesidades de desplazamiento y ofreciendo oportunidades de desarrollo social y económico, vinculada a la proximidad como base de la accesibilidad no motorizada y apoyada en un transporte público sostenible y eficaz.
• (M/A) El planeamiento urbanístico establecerá estrategias de ocupación para los núcleos de población rural que minimicen el sellado de los suelos y la pérdida de estos para la actividad agropecuaria o forestal, así como la dispersión edificatoria. Por ello es primordial que la población rural se concentre en los núcleos urbanos rurales, en tanto que estos núcleos son los que poseen los servicios y equipamientos necesarios o más inmediatos para un correcto desarrollo de la población. En este sentido las estrategias de ocupación, estarán directamente vinculadas al concepto de la movilidad y accesibilidad a pie, la implantación de una red de transporte público eficiente y sostenible y, reduciendo la necesidad de movilidad en transporte privado.
• (M) Respecto al disperso edificatorio que constituyen los asentamientos rurales y agrícolas, las pautas de ocupación se enfocarán a la contención de estos procesos mediante una delimitación estricta de sus límites, evitando la segregación de las fincas o parcelario para su posterior edificación y el consecuente sellado del suelo, y garantizando que el espacio intersticial no ocupado por la edificación se destine a las actividades agrícolas que le son propias. No obstante, se preverán los suelos necesarios para la ubicación de los servicios cotidianos necesarios para garantizar la calidad de vida del entorno rural en el que se insertan, en el caso de aislamiento o lejanía de los núcleos de mayor jerarquía. Se procurará la configuración de agrupaciones de asentamientos que bajo criterios de proximidad, puedan compartir servicios y equipamientos.
• (M) Además se contemplarán las necesidades metabólicas de provisión de energía, agua y gestión de los residuos, y la previsión de los suelos o espacios destinados para ello, procurando, siempre que la integración en el paisaje lo permita, la autosuficiencia conectada de los mismos.
• (M/A) Se contemplará las medidas ambientales necesarias para el refuerzo de la funcionalidad de los ecotonos para aquellos suelos que vayan a ser transformados.

Los criterios de ordenación plantean las consideraciones básicas a tener en cuenta en base a la línea de análisis y , en este caso, además de asumir los relacionados en el Eje TPB.3 [Eco] Sistema Rural, se contemplarán los siguientes aspectos:

• La conservacion suelo con valores agrarios y forestales y la potenciación del desarrollo de los mismos
• Evitar la pérdida de suelo agrario
• Aprovechar los servicios ecosistémicos que ofrece la actividad agraria y forestal.
• La no alteración del correcto funcionamiento del metabolismo territorial, considerando la disponibilidad de los recursos naturales, en especial, los recursos hídricos.
• Garantizar los recursos necesarios para la sostenibilidad de la agricultura
• Favorecer la resiliencia de las explotaciones agrarias.
• Los crecimientos de la población del [eco]sistema rural, como primera opción, se ubicarán en los suelos urbanos de los núcleos rurales, estableciendo por tanto las determinaciones necesarias para que las tipologías edificatorias a implantar posibilitaran la absorción del crecimiento poblacional estimado, pero sin tener que sacrificar las características tipológicas y paisajísticas de estos núcleos.
• De ser esta insuficiente, se valorará la posibilidad de establecer nuevos suelos urbanizables, pero sólo alrededor de los núcleos que posean un rol de importancia dentro del modelo de ordenación.
• Evitar el disperso edificatorio que constituyen los asentamientos rurales y agrícolas, mediante una delimitación estricta de sus límites.