Como se ha dicho, el soporte territorial supone la plataforma en la que confluyen el sistema natural y el antrópico, siendo la base sobre la cual la planificación urbanística desarrolla su labor. 

Por los procesos de transformación que le afectan, dicha plataforma no puede ser considerada como un elemento inerte, puesto que está sometida a continuos cambios e intercambio de sustancias y energía, razón por la que en términos de urbanismo sostenible se considera el territorio como un sistema vivo. 

 “La Teoría General de Sistemas plantea que un sistema es un arreglo de componentes sean estos físicos (colección de cosas); teóricos (teorías y planteamientos); matemáticos (modelación); etc. de tal manera que forman y actúan como una unidad, entidad o un todo”.

No obstante los sistemas antrópicos se suelen regir por leyes socioeconómicas, mientras que los sistemas naturales se someten a procesos biológicos, físicos y químicos, cuando dichos sistemas confluyen se produce un intercambio constante entre ellos, repercutiendo directa o indirectamente entre sí y así, un ejemplo de ello es el cambio en la regulación de los usos del suelo, pues puede desencadenar una cascada de impactos en la distribución de las especies florísticas y faunísticas de una región o alterar el balance de emisiones de gases de efecto invernadero.Pues bien, dada la complejidad con respecto a sus dinámicas internas y sus relaciones externas, se ha clasificado el soporte o escenario territorial en tres subsistemas: natural, rural y urbano, lo que permitirá mejorar el manejo y la aplicabilidad del análisis metodológico.

Figura 5 Relación del escenario y los sistemas. Elaboración propia

El equilibrio en la relación de estos sistemas permitirá el correcto desarrollo de tres funciones territoriales básicas: bienestar, producción y salud ecológica, siendo necesario el correcto funcionamiento de los servicios y sinergias ecosistémicos, el desarrollo de la estructura productiva para dar soporte a los medios de vida, así como proveer de cobijo y bienestar a sus habitantes.

Y es en este equilibrio donde juega un papel fundamental el metabolismo territorial, que desde la óptica de un territorio como sistema vivo, se concibe como el proceso dinámico de cambio e intercambio de sustancias y energía producto de la interrelación entre los procesos naturales (ciclos naturales como los del agua, carbono, nitrógeno, etc.), y las técnicas de las sociedades humanas que intervienen en el funcionamiento de un territorio”. 

Además, otro factor de enorme importancia en el funcionamiento de un territorio es la parte inmaterial de este metabolismo que responde a las relaciones interiores que se producen en él (relaciones funcionales: movilidad, relaciones personales, económicas, …) y las relaciones de éste con el exterior (sistema identitario).

Figura 6 Esquema funcionamiento territorio. Fuente: Sevilla biorregión, un sistema vivo que necesita reacoplar ciudad y territorio (2019).

El territorio canario presenta dos realidades muy distintas, por una parte es la Comunidad Autónoma con mayor proporción de suelo declarado como Espacio Natural Protegido (EENNPP) y, en contraposición, encontramos que parte de este territorio se presenta como un espacio dividido, fragmentado, con un modelo de ocupación dispersa que ha se transformado el territorio enfocándose en las necesidades del ser humano, bien para satisfacer sus necesidades habitacionales (generación de ciudades y pueblos), o su medio de vida y sustento económico (antropización del suelo para actividades agropecuarias, turísticas, industriales, de infraestructuras o para la obtención de recursos energéticos y materiales), sin tener en cuenta, en la mayor parte de los casos, las repercusiones de gran calado que ha provocado este modelo de ocupación en el equilibrio natural del territorio y los procesos naturales que en él suceden.

Figura 8 Fuente: Grafcan. Modelo de terreno LIDAR. Fecha 2011. Ejemplo de un territorio disperso, La Oliva. Fuerteventura.

A ello hay que añadir que la actividad económica de las Islas Canarias, hasta principios del siglo XX, se basaba principalmente en el binomio agricultura-ganadería, pues a pesar de que desde esta época existía en las Islas un incipiente turismo, no fue hasta la década de los años 60 del pasado siglo, cuando el desarrollo turístico a gran escala aparece, primero en las islas más pobladas (Gran Canaria y Tenerife) y posteriormente en las islas más orientales (Fuerteventura y Lanzarote), transformando drásticamente las zonas de las costas más soleadas, hasta entonces deshabitadas, provocando que la costa del Sur de las islas más pobladas adquiera rápidamente una desmesurada plusvalía en comparación con las que hasta entonces habían tenido más valor por la fertilidad de sus suelos agrícolas, situados principalmente en la vertiente norte de las islas.

Figura 9. Evolución urbanística del suroeste de Tenerife (1964– 2021). Fuente: IDE Canarias.

La evolución descrita, provocó que los nuevos terrenos turísticos poco poblados demandaran largos e incómodos desplazamientos de la población trabajadora desde los lugares de residencia habitual, a través de una red de carreteras muy poco desarrollada, a la vez que surgieron núcleos urbanos a lo largo de las vías de comunicación próximos a las nuevas áreas turísticas y carreteras secundarias de conexión entre las capitales insulares y los nuevos núcleos, así como su ampliación para facilitar el acceso laboral a éstos y acortar los tiempos de desplazamiento.

Así las cosas, la dureza y la poca rentabilidad del trabajo agrícola (con los sistemas tradicionales de explotación) y el auge de los nuevos mercados turístico e inmobiliario, provocó el cese progresivo de aquélla actividad y el abandono de los suelos fértiles, depreciados por la aparición del desarrollo turístico, fragmentándose en parte para ser ocupados y transformados por otros usos que ya nada tienen que ver con la actividad agraria que allí se daba (normalmente por el uso residencial, turístico, industrial y / o terciario), albergando gran parte del resto de suelo un disperso edificatorio de viviendas de autoconstrucción que, en muchos casos al margen del planeamiento urbanístico, colonizan gran parte de los territorios insulares.

Todo este crecimiento desorganizado y sin los servicios urbanísticos necesarios provocó la demanda cada vez mayor de un viario que promovía el uso masivo del vehículo privado, fraccionando aún más el territorio agrícola, transformando los cauces naturales del agua y provocando la segregación de los ecosistemas, lo que se traduce en un modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico a corto plazo, sin medir las consecuencias que acarreaba con relación a un consumo insostenible de los recursos de suelo, agua y energía, de por si escasos en las islas.

A esto hay que añadir el hecho de que estas áreas carentes de las dotaciones e infraestructuras y servicios urbanísticos básicos para el desarrollo de la vida diaria (docente, asistencial, sanitario, deportivo…), requieren de una mayor dependencia del transporte privado frente a los tejidos de la ciudad tradicional, mejor dotada, más compacta y eficiente, pero no más sostenible.

Paralelamente, el desarrollo turístico en Canarias ha favorecido enormemente el crecimiento poblacional experimentado desde los años 60/70 del pasado siglo XX y hasta la actualidad, pues a partir de 1965 y en particular entre 1971 y 1975, los núcleos urbanos de Canarias empiezan a crecer rápidamente; y es en esos años cuando se empiezan a producir los primeros reagrupamientos de la población hacia los grandes núcleos urbanos de las comarcas o capitales de islas, concentrándose, principalmente, en la franja costera de las islas.

Figura 10 Población residente en la franja costera de las Islas Canarias Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del ISTAC.

Además, a raíz de ese desarrollo turístico, las islas canarias experimentaron fuertes incrementos de población inmigrante de diversas partes de España y Europa, dinámica poblacional que ha continuado hasta la fecha, siendo una de las comunidades autónomas de España en la que el crecimiento poblacional sigue siendo una realidad.

El incremento exponencial de la población desató una preocupante incapacidad para procurarle bienes y servicios acordes a sus necesidades a la velocidad demandada, provocando que se tome conciencia de lo insostenible del desarrollo económico de Canarias, empezando a establecer medidas al respecto.

Por este motivo surgen, a partir del 2001, las primeras acciones legislativas por parte del Gobierno de Canarias para imponer una “moratoria turística” a lo que se entendía era el mayor impulsor del crecimiento poblacional; el desarrollo turístico, sometiendo a plazos la obligación de los Municipios a adaptar su planeamiento urbanístico y el estrangulamiento mientras tanto de procedimientos de gestión urbanística que permitieran una mayor consolidación de actuaciones urbanísticas sobre el territorio.

En efecto, esta dinámica de crecimiento unida a la forma de ocupar el territorio sustentada en la idea de un espacio infinito e inagotable, caracterizada por la expansión, dispersión y monofuncionalidad de áreas como consecuencia de las posibilidades asociadas a la mejora de las infraestructuras, accesibilidad y movilidad automovilística (fundamentalmente por la creencia de la existencia de unos recursos naturales ilimitados de los que podía beneficiarse) ha tenido efectos nocivos en el medio ambiente.

Todo ello ha provocado una excesiva artificialización del suelo, el desarrollo de un modelo agrario intensivo, la desconexión con el territorio que los sustenta apoyado por el desarrollo tecnológico y la desunión con el sistema natural, generando la destrucción e interrupción de ecosistemas terrestres y la pérdida de biodiversidad.

Figura 11 Evolución de la ocupación del suelo en Canarias (nivel 1). Fuente: CORINE Land Cover. Elaboración propia.

La insostenibilidad de este modelo de ocupación ha sido demostrada científicamente por la Ecología, evidenciando la estrecha interrelación que existe entre todos los complejos procesos que se producen en la biosfera y que aseguran la biodiversidad y la supervivencia del ser humano. 

Figura 12 Interdependencia entre los tres planos de un mismo territorio. En el primero (a) aparecen delimitadas «unidades» de paisaje. El segundo (b) representa la socioeconomía; las unidades delimitadas pueden corresponder a municipios o entidades de población donde se encuentren registrados datos de carácter socioeconómico. El tercer plano (c) representa la trama ecológica de ese territorio, de la que se han separado idealmente los planos anteriores. Las flechas grandes representan la influencia de un plano sobre otro. a1 indica el condicionante que el paisaje impone a la población humana –en tiempos remotos serían sólo condicionantes naturales de tipo geótico y biológico; más tarde participarían también condicionantes culturales (paisaje cultural)–. b1 representa la influencia de los procesos socioculturales sobre el paisaje, que modifican en mayor o menor medida su carácter natural transformándolo en paisaje cultural. b2 indica, igualmente, la influencia humana sobre los procesos físicos y biológicos del espacio contemplado. c1 y c2 representan, respectivamente, el condicionante de la trama de relaciones ecológicas sobre el sistema socioeconómico y sobre el paisaje, considerado aquí como resultado de todo este proceso.

Fuente: DÍAZ PINEDA, F. y SCHMITZ, M. F. (coords).( 2011). Conectividad Ecológica Territorial. Estudio de casos de conectividad ecológica y socioecológica. O. A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 236 pp. Madrid. Conectividad ecológica territorial: Estudios de casos de conectividad territorial y socioeconómica

Siendo esto así, el “suelo natural no ocupado” adquiere un valor relevante en la sociedad canaria, pues ya no solo es útil el suelo cuya transformación proporciona un beneficio económico, sino también aquel que aporta los servicios ecosistémicos necesarios para la vida del ser humano y del planeta.

Figura 13. Procesos en la transformación del territorio. Fuente: GUAITA, N et alli (2008).

La Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, fue pionera en la búsqueda del equilibrio en el territorio canario, siendo su objetivo lograr un patrón de desarrollo más sostenible y duradero para las islas, especialmente respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, del patrimonio cultural y del territorio, pero también socialmente más equilibrado y justo, y generador de riqueza económica, requiriendo para ello de un amplio conjunto de acciones institucionales y sociales, erigiéndose como la herramienta más adecuada, en tanto que instrumento de planeamiento del Gobierno de Canarias, para integrar la ordenación de los recursos naturales y del territorio y articular actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias a través de propuestas como: la extensión de las energías renovables (directriz 3 de las Directrices Generales), la rehabilitación de los espacios y recursos naturales (directriz 7), el fomento del transporte colectivo (directriz 21), el análisis y prevención de riesgos meteorológicos (directriz 50) o la peatonalización (directriz 74).

Esta Ley autonómica, junto con la Ley 12/1987, de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias, luego compendiadas en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias-TRLOTLENAC-, aprobado por medio del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sentaron las bases de la importancia del mundo natural y rural en el territorio canario, así como de la necesidad de un desarrollo sostenible para esta tierra.

La Estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático aprobada en el año 2009 por el Gobierno de Canarias basaba sus medidas en relación con la Ordenación del Territorio en las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, estableciendo que la lucha contra el cambio climático es indisociable del desarrollo sostenible y, por ello, la necesidad de impulsar de forma decidida los principios y disposiciones de estas Directrices, estableciendo como medida vinculante para el Gobierno de Canarias la integración de la variable climática y la política de mitigación de las emisiones en éstas y en toda la planificación territorial.

Posteriormente, las diferentes modificaciones legislativas fueron minorando la fuerza de las Directrices de Ordenación General, pasando las Normas de Aplicación Directa (NAD) a tener el carácter de Recomendaciones y finalmente, siendo derogadas, prácticamente en su totalidad, con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de suelo y Espacios Naturales de Canarias. Esta Ley abarca tanto la ordenación urbanística del suelo urbano y urbanizable, como la del suelo rústico, así como la regulación de los espacios naturales protegidos.

Finalmente estos textos normativos han sido sustituidos o modificados en parte por otros, hasta llegar a nuestra Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias que abarca tanto la ordenación urbanística y el régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable, como del suelo rústico, así como la regulación de los Espacios Naturales Protegidos, anunciando desde su preámbulo que: “es imprescindible y perentorio establecer una regulación del suelo que cumpla la función ordenadora y protectora que le corresponde, sin detrimento de ninguno de los objetivos ambientales, territoriales y urbanísticos (…) Esta es la vocación de esta nueva ley de suelo: englobar todas las reglas fundamentales de la ordenación del suelo y hacerlo de modo sistemático y congruente. (…) esta ley se fundamenta en el principio constitucional de desarrollo sostenible como criterio rector del entendimiento de las reglas que establece, de las normas reglamentarias que la desarrollen y, sobre todo, como principio que debe guiar la labor de ordenación e intervención sobre el suelo de las islas.”

Además, en lo que a su articulado se refiere, incorpora a través de su artículo 5 y 81, entre los principios específicos de la ordenación territorial y urbanística; el uso racional y sostenible de los espacios urbanos para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y en el campo, combinando los usos de manera funcional y creando entornos seguros, saludables, energéticamente eficientes y accesibles universalmente, así como; “los principios de prevención de riesgos naturales y accidentes graves; de protección contra la contaminación y su impacto en la salud y el medioambiente; de utilización de energías renovables y de eficiencia energética; de lucha contra el calentamiento global, mitigando la contribución territorial a sus causas y adaptándose a sus efectos; de adecuación a las condiciones climáticas de las islas; de menor consumo de recursos naturales, en particular de uso racional del agua; de accesibilidad universal; de igualdad entre hombres y mujeres y de movilidad sostenible. (…).”

Respondiendo esta evolución legislativa de carácter integral y transversal, en consecuencia, a la necesidad de entender el territorio como un “todo” que está interrelacionado y en el que las distintas intervenciones que se producen sobre él repercuten en el funcionamiento de los distintos ecosistemas que se ven afectados.

¿Cuál es la situación de partida?

Menos de la mitad de los ayuntamientos de las Islas llegaron a adaptar su planeamiento a pesar del esfuerzo legislativo realizado. Lo cierto es que las medidas adoptadas no resultaron todo lo eficientes que se pretendía: menos de la mitad de los ayuntamientos de las Islas llegaron a adaptar su planeamiento a las Directrices de Ordenación General y del Turismo. Sólo 32 de los 88 municipios canarios cuentan con un Plan General de Ordenación adaptado a Directrices, reduciéndose a 30 municipios los que cuentan con planeamiento adaptado al TRLOTLENAC, y solo 13 de ellos cuentan con adaptaciones básicas y, por último, al menos 26 municipios canarios no cuentan con planeamiento alguno adaptado a este marco normativo.

A mayor abundamiento, en cuanto al modelo de ordenación que plantean los instrumentos de ordenación urbanística vigentes en las Islas, la mayor parte de los mismos basa su ordenación en una tipología de ocupación y transformación del suelo del pasado siglo XX y principios de éste. Esta tipología está caracterizada por una ocupación urbana orientada a la creación de nuevos tejidos y la obsolescencia del existente, en la movilidad motorizada y en el consumo de unos recursos naturales desproporcionados, lo que se traduce en un modelo de altas emisiones de carbono, asociado, fundamentalmente, a los desplazamientos y a la generación de recursos que son necesarios para dar servicio a los tejidos urbanizados.

Ante esta situación, desde la perspectiva de la Acción Climática, parece ineludible un cambio de paradigma en la forma en que la sociedad canaria se implanta en el territorio e interactúa con el medio, siendo necesario intervenir para recuperar el equilibrio natural en los procesos territoriales de manera que las tendencias actuales plasmadas en los modelos de ordenación del planeamiento municipal puedan revertirse y mejorar la resiliencia de los municipios isleños ante los previsibles efectos del cambio climático.

Por tanto, el reto al que nos enfrentamos requiere de un mayor esfuerzo en este sentido, lo que pasa por reforzar la resiliencia del territorio, para lo que resulta ineludible tomar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático encaminadas a recuperar el equilibrio necesario para favorecer el correcto funcionamiento de los fenómenos físicos y procesos naturales que en él se producen. Al mismo tiempo, se necesita garantizar el funcionamiento de los procesos socioculturales y sus funciones de relación, tanto internas como externas, para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.

Esto es: un cambio de paradigma y una nueva concepción del Urbanismo a la hora de enfrentarnos a la estructura y el modelo de ocupación y desarrollo del territorio municipal, siendo para ello necesario intervenir en la forma y pauta de ocupación del suelo para contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático de manera que las tendencias actuales puedan revertirse y mejorar la resiliencia de los municipios canarios frente al cambio climático.

Figura 14. Caleta de Sebo. La Graciosa   Fuente: www.hellocanaryislans.com.

El territorio, incluidas las áreas urbanas deben considerarse como un “todo” que funciona de forma conjunta, intentando evitar que los ecosistemas naturales se vean interrumpidos por la acción del hombre a la hora de transformar el territorio para adecuarlo a su actividad, necesita que se establezcan corredores ecológicos entre el mundo natural, el rural y el urbano, de manera que puedan coexistir de forma armónica y equilibrada.

 “El otro gran principio que es preciso recuperar de la tradición humana es la integración de nuestra existencia en los procesos vivos y en las dinámicas del territorio. Ello quiere decir que la ciudad o el mundo rural deben de reconocer el complejo funcionamiento del sistema natural y territorial e incorporarse en él, en lugar de quebrarlo, inertizarlo y limitar el uso del territorio a su función como suelo de soporte para edificaciones, redes mecanizadas y espacios productivos.”REQUEJO, J. (2010) .

Para ello, como se desarrollará en los epígrafes siguientes, es necesario dar relevancia a las masas forestales y considerar la infraestructura verde-azul como elemento estructurante del territorio y vínculo entre el contexto natural, rural y urbano, de manera que se genere la conectividad necesaria para favorecer la restauración ecológica, precisa para la conservación y potenciación de los sistemas naturales y de los servicios ecosistémicos que ofrecen.

Por tanto éstos serán elementos esenciales a tener en cuenta en la ordenación del territorio a la hora de establecer un modelo de ocupación desde la perspectiva de la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Además, para lograr este equilibrio también es necesaria la conservación, protección y potenciación del medio rural, esto es: Acercar el mundo rural al urbanizado, en tanto que el sistema rural, conformado por los sistemas agrarios y la población rural, merecen de una especial conservación y fomento si se quieren evitar las consecuencias ambientales derivadas de la pérdida irreversible del suelo agrario y su contribución a la mitigación del cambio climático (como consecuencia de mayores escorrentías e incendios, sin ir más lejos).

En este sentido es importante, entre otros, disminuir la dependencia del sistema de abastecimiento alimenticio de la población basado en productos del exterior y mejorar las condiciones de autoabastecimiento, en tanto que esta forma de proceder, contribuiría a una reducción de las emisiones de CO2, debido a la disminución del transporte que esto llevaría aparejado.

Asimismo, es primordial tener en cuenta los beneficios que producen los cultivos, en tanto que evitan la desertificación, funcionan como emisores de oxígeno a la atmósfera, ayudan a regular el clima y la hidrología y, sobre todo, por su capacidad para actuar como sumideros de carbono.

Por lo tanto, es fundamental establecer conexiones entre el entorno rural y el urbano, mediante un sistema de núcleos jerarquizados y dotados de los servicios necesarios para proveer a la población, contribuyendo a disminuir las necesidades de desplazamiento, al tiempo que se ofrecen oportunidades de desarrollo social y económico.

El sistema urbano, en buena lógica, deberá enfocarse hacia un nuevo modelo más acorde a las necesidades reales que demanden las actividades económicas y la necesidad de residencia, limitando la expansión urbana bajo la premisa de evitar la fracturación de los ecosistemas y permitiendo a la naturaleza penetrar y recuperar espacio en la ciudad para formar parte de ella (infraestructura verde y azul).

Bajo este enfoque se evidencia la relación estrecha que subyace entre el principio de sostenibilidad (aplicado a la revisión de producción, consumo y bienestar), las necesidades actuales de formar parte del esfuerzo mundial para la reducción de emisiones GEI y la adopción de medidas para adaptar la organización del territorio municipal al nuevo escenario, especialmente en lo que se refiere a los efectos del cambio climático y la transición ecológica, sin más demora, lo que requiere la reestructuración y reorientación del modelo actual para que consuma la menor cantidad de capital territorial y la reconfiguración de los procesos metabólicos actuales: agua, energía y residuos, basados en ciclos abiertos para apoyar su sustitución por procesos retroalimentados (economía circular).

Estas consideraciones, a la hora de establecer el modelo de ordenación municipal, impulsará el mismo hacia un sistema territorial equilibrado, en el que sea posible la minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor adaptación frente a los efectos del Cambio Climático.

Figura 15 Esquema metabolismo territorial. Elaboración propia.

Estas consideraciones a la hora de establecer el modelo de ordenación municipal posibilitará la orientación del mismo hacia un sistema territorial equilibrado, en el que sea posible la minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero y una mayor adaptación frente a los efectos del Cambio Climático.

Para facilitar el desarrollo de la metodología de trabajo se establecen las siguientes líneas de análisis enfocadas al conocimiento de cada uno de los factores que deben considerarse. Para cada línea se han planteado las metas que han considerado necesarias para la consecución del reto de este Eje de integración.

La escala de trabajo de este eje es fundamentalmente la escala de la Ordenación Estructural por tratar los aspectos de la estructura del territorio municipal para concluir con el establecimiento de las clases y categorías de suelo, la distribución de los usos globales, el diseño de las redes de infraestructuras y dotaciones, servicios y equipamientos estructurantes a escala municipal

MOT.1.1 Línea 1: [Eco]sistema natural.

Los procesos biológicos, físicos y químicos eco] sistema natural son fundamentales para mantener el funcionamiento de un territorio sano y resiliente. Desde el punto de vista de la Acción Climática es indispensable procurar la conectividad de las infraestructuras verde y azul (IV-A) para crear los corredores ecológicos imprescindibles en el mantenimiento y protección de la biodiversidad y asegurar los servicios ecosistémicos necesarios para dotar a los entornos rurales, las ciudades y los pueblos de una mayor resiliencia fundamentada en la adaptación por medio de las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y su contribución a la absorción de CO2. Por ello el papel del [eco] sistema natural es especialmente relevante en el equilibrio territorial necesario para afrontar la Acción Climática, al tiempo que también son importantes las consecuencias, en ocasiones irreparables, que pueden causar en él los procesos de transformación de los usos del suelo natural hacia el sistema rural y urbano por la acción humana. 

MOT.1.2 Línea 2: [Eco]sistema rural.

Para la integración de la variable del cambio climático en el planeamiento urbanístico se hace necesario reflexionar sobre la importancia que la conservación y potenciación de los sistemas agrarios y la población rural tienen en el modelo territorial canario. Un territorio equilibrado requiere del mantenimiento y la aproximación (conexión) del mundo rural al urbanizado para garantizar la provisión de los servicios funcionales de la población y su calidad de vida, evitando las consecuencias ambientales derivadas de la pérdida irreversible del suelo agrario y su contribución a la mitigación del cambio climático. La preservación de los suelos con valores agrarios y forestales facilitando la conectividad de éste con el sistema natural, afianzará la provisión de los servicios ecosistémicos y sus cobeneficios y dotará al medio rural de mayor capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. La protección del paisaje rural y del patrimonio cultural asociado permitirá aprovechar el conocimiento popular a la hora de aumentar la resiliencia tradicional del territorio.

MOT.1.2 Línea 2: [Eco]sistema urbano.

Las ciudades juegan un papel clave en el objetivo de la reducción de emisiones de GEI. La ordenación del territorio condiciona el sistema de movilidad y transporte que es una de las principales fuentes de emisión de GEI. El funcionamiento y las demandas energéticas e hídricas del metabolismo urbano, así como la eficiencia de éstas y la gestión de los residuos, también dependen de la forma en la que se organiza la estructura del municipio y se implanta el sistema urbano en el territorio. El equilibrio territorial requiere de la adopción de una postura consciente en la planificación del [eco]sistema urbano, considerando en el diseño de su estructura espacial y funcional el espacio natural y artificial y sus relaciones y las necesidades de la población en cuanto a usos y actividades, economía y bienestar. 

El re-acoplamiento de las ciudades al territorio en el que se asientan, optimizando su posición en el medio, entendiendo los procesos de transformación del suelo, los sistemas hidrológicos, los procesos erosivos, los procesos vivos, etc.., y procurando, a través de la eficiencia, la integración del metabolismo urbano en los procesos metabólicos territoriales, son claves para hacer frente al cambio climático desde la adaptación y mitigación. La consideración de la infraestructura verde-azul como un elemento estructurante del territorio, incorporando de forma efectiva la mejora de la conectividad y la restauración ecológica en los espacios urbanos y aportando los servicios ecosistémicos necesarios para dotarlos de una mayor resiliencia y la distribución de los usos en el territorio conforme a criterios que tengan en cuenta las características del medio en el que se sitúan, el clima local, sus proyecciones futuras y los riesgos que éstos entrañan, en función a sus vulnerabilidades son herramientas fundamentales para la Acción climática.